El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y Repsol pone fin a dos años de disputas luego de la expropiación de la empresa pero también frena cualquier tipo de reclamo del estado por el pasivo ambiental de la empresa española durante su gestión en el país. Sin embargo, no ocurre lo mismo con ciudadanos y organizaciones sociales y ambientales, quienes, presentando pruebas, todavía pueden iniciar reclamos legales. 4415256718_95ecf6b54d_o

Mientras que todavía existen dos causas abiertas en la Corte Suprema por el pasivo ambiental, expertos ambientales y legales aseguraron a Claves21 que YPF, Repsol, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales podrían ser sujetos de demandas por el pasivo ambiental causado por la empresa española, el cual se estima en más de US$6.000 millones.

“Al firmar el acuerdo con Repsol, YPF le quitó al gobierno su derecho para reclamar una compensación por el pasivo ambiental. Fue un error y un mal precedente legal ya que el Estado actuó a través de una empresa. Sin embargo, toda persona afectada por el daño ambiental y que tenga pruebas puede presentar un reclamo en cualquier juzgado”, afirmó Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Argentina acordó un pago de US$5.000 milones a Repsol a través de bonos como compensación por la expropiación del 51% de sus acciones en la ahora empresa estatal YPF. Pero además de arreglar el monto, YPF acordó renunciar a todo tipo de reclamo futuro contra Repsol por cualquier tipo de daño ambiental causado.

Tanto Argentina como Repsol renunciaron a “promover cualquier reclamo extrajudicial, administrativo, judicial y/o arbitral en el futuro en cualquier fuero o jurisdicción nacional, extranjera o internacional”, de acuerdo al acuerdo firmado entre las dos empresas. Sin embargo, el problema parece estar lejos de terminar.

“Siempre y cuando haya evidencia de daño ambiental, puede haber nuevos reclamos contra el gobierno nacional, gobiernos provinciales, YPF y Repsol. El daño ambiental no prescribe y es de carácter colectivo ya que afecta a un número indeterminado de personas” afirmó Nápoli.

Enrique Viale, Presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, reveló que actualmente existen dos causas analizadas por la Corte Suprema acerca del daño ambiental causado por Repsol, una de las cuales fue iniciada por él contra Repsol, YPF, el gobierno nacional y gobiernos provinciales.

“Nuestra causa está actualmente en la Corte Suprema pero no hubo avances en el último tiempo. La Constitución Nacional establece en su artículo 41 al obligación de compensar por daño ambiental recuperando el área afectada o pagando una compensación monetaria si el área no se puede recuperar”, sostuvo Viale.

La segunda causa fue presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra YPF y otras empresas como Chevron por daño ambiental en Neuquén en la década de 1990. La investigación se basa en un informe de las Naciones Unidas que aseguró en 1997 que el 65% del territorio de Neuquén había sido afectado por perforaciones petroleras.

“El informe estima un pasivo ambiental de US$900 millones y por eso el gobernador de Neuquén de aquel entonces declaró la emergencia ambiental en la provincia. Fue la primera vez que una provincia en Argentina hacía algo por el estilo” afirmó Fernando Cabrera, miembro del Observatorio Petrolero Sur (OPSUR).

El informe Mosconi
La decisión del gobierno de renunciar a un futuro reclamo por el pasivo ambiental de Repsol contradice con declaraciones previas del Ministro de Economía Axel Kicillof, quien aseguró que la empresa española “va a tener que pagar por el daño ambiental” al hablar en una audiencia en el Senado luego de anunciar la expropiación.

En junio de 2012, el gobierno nacional presentó el Informe Mosconi, el cual hace un balance de la gestión de Repsol en Argentina de 1990 a 2012. En el informe, Argentina acusa a Repsol de falta de inversiones en el país, lo que llevó no sólo a una caída en la producción de gas y petróleo sino también a la no implementación de un plan de manejo ambiental.

“Los desechos no fueron manejados apropiadamente, numerosos pozos no fueron sellados y las piletas no fueron limpiadas, lo que llevó a que numerosos químicos se filtraran a través de las napas y contaminaran el agua a la que acceden los ciudadanos”, sostuvo Cabrera.

Sin embargo, ambientalistas aseguran que el informe no puede ser usado como prueba fundamental de la contaminación de Repsol y piden que el gobierno lo revea y verifique con trabajo de campo el supuesto pasivo ambiental.

“El informe fue una herramienta política usada por el gobierno para aumentar las críticas a Repsol en momentos de tensión con la empresa. Debería ser rescrito y el gobierno debería ir a verificar la contaminación en las áreas que supuestamente se vieron afectadas” afirmó Nápoli.

Luego de la publicación del Informe Mosconi, varias provincias como Santa Cruz, Chubut y Neuquén sacaron a la luz sus propios informes ambientales en los cuales dan cuenta del pasivo ambiental de Repsol en sus provincias. El Ministro de Energía de Neuquén Guillermo Coco aseguró que el pasivo ambiental era de US$1.500 millones, mientras que el gobierno de Santa Cruz afirmó que 1.700 de las 5.000 piletas de desechos tóxicos no fueron debidamente tratadas.

“Luego de la publicación del informe, varios gobernadores desempolvaron informes ambientales que antes habían sido escondidos donde se detalla el daño ambiental. Algunos calculan que el pasivo de Repsol alcanza los US$6.000 millones pero creo que es mucho más.”

Foto: Flickr Commons by srgpicker

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