A 9 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental producido en la cuenca Matanza Riachuelo, todavía persisten debilidades en el control y seguimiento, y la falta de una mirada verdaderamente integral de gestión.

Eso es lo que da cuenta un informe elaborado por un grupo de organizaciones no gubernamentales integrantes del cuerpo colegiado a cargo del monitoreo del cumplimiento del fallo. ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en el foco de todas las críticas.

Se cumplieron 9 años desde que la Corte Suprema ordenó el saneamiento del Riachuelo. Foto: Damián Profeta. Licencia: Creative Commons CC BY NC 2.0.
Se cumplieron 9 años desde que la Corte Suprema ordenó el saneamiento del Riachuelo. Foto: Damián Profeta. Licencia: Creative Commons CC BY NC 2.0.

“Objetivos altamente incumplidos”

“Han emergido nuevos y complejos problemas que indican que los objetivos impuestos por el máximo tribunal se encuentran altamente incumplidos. Las falencias que persisten afectan tanto al control sobre las principales fuentes de contaminación (los establecimientos industriales, basurales a cielo abierto y efluentes cloacales), como al acceso a bienes y servicios indispensables tales como agua potable, saneamiento cloacal, vivienda y salud, que inciden en la vulnerabilidad de la población“, señala el informe realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación Vecinos de La Boca.

Imagen interactiva: las principales falencias del accionar de ACUMAR relevadas

Pasar el mouse por la imagen para activar las referencias. (Crédito: Damián Profeta).

Vertidos y emisiones contaminantes

“En relación al control de vertidos y emisiones, la normativa de vertidos y el uso elegido para la calidad de agua del Riachuelo, resultan totalmente inadecuados para el saneamiento del río y la mejora de la calidad de vida de la población”, alertan las ONG.

ACUMAR permite verter en el agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs).

“Las regulaciones adoptadas por ACUMAR deberían haber reducido la contaminación, pero no lo han hecho y, por el contrario, la mantienen”, prosigue el informe.

La nueva resolución adoptada por ACUMAR (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias tales como: Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrín, Heptacloro, Lindano y Paration, todas ellas prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), a la cual Argentina ha adherido. En tal sentido, el Cuerpo Colegiado ha solicitado a la Presidenta de ACUMAR la urgente reformulación del texto de la normativa y de igual forma lo ha hecho ante el Juez Federal de Morón, Jorge Rodriguez, a cargo de la ejecución de la sentencia del caso Mendoza.

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Basurales

En lo que se refiere a la permanencia de los basurales a cielo abierto constituyen una de las tres principales fuentes de contaminación de la cuenca.

Según datos de ACUMAR 1.8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos son los que se acumulan en este tipo de basurales. Además relevó la existencia de 390 basurales irregulares. ACUMAR, planificó intervenciones destinadas a lograr la su remoción de 267 de ellos y dejó los de menores dimensiones a cargo de los municipios. Los informes de la Auditoría Interna del organismo mencionan que el 57% de los lugares intervenidos, fueron reinsertos como basurales.

Vivienda

El informe apunta que “en materia de hábitat para los sectores vulnerados, la situación es altamente problemática”.

En el año 2010 se elaboró el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (plan Marco) que prevé 17.771 soluciones habitacionales. Sin embargo, las organizaciones evaluaron que su cumplimiento ha sido muy bajo (solo el 35% de los hogares han sido realojados) y concluyeron que “reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones a los derechos de las personas que han sido relocalizadas en los complejos habitacionales“.

Relocalizaciones de la cuenca Matanza Riachuelo.
Sólo el 35% de los hogares a relocalizar fueron realojados. Fuente: Informe “9 años del fallo de la Corte”.

“A la par de la discontinuidad de la ejecución del plan, la llegada de nuevas familias incrementó el hacinamiento y empeoró las condiciones de vida. Adicionalmente, la demanda de provisión y calidad de los servicios básicos ha desoída por las autoridades competentes. Según las reiteradas denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (sean estas estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos; y tanto ACUMAR como las jurisdicciones no tienen la capacidad de revertir la situación deficitaria”, denuncia el documento.

Salud

“A 9 años del fallo, no ha logrado identificarse de manera específica la población en riesgo, no se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental y tampoco se articuló una intervención de las distintas áreas de ACUMAR para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación. Aún cuando el caso tuvo origen en los problemas derivados de los efectos de la contaminación en la salud de la población, durante mucho tiempo ACUMAR quitó relevancia a los mismos y sugirió que los factores ambientales no constituyen elementos determinantes de la salud. Reiteradamente, dio a entender que los problemas prevalentes son productos de la pobreza, e incluso destinó recursos a elaborar investigaciones que probaran tal hipótesis como ocurrió con los ENUDPAT 2011”, aseguran las ONG en el reporte.

ACUMAR tampoco elaboró ‘un diagnóstico de base para todas las enfermedades que permita discriminar patologías producidas por la contaminación del aire, suelo y agua, de otras patologías no dependientes de aquellos factores y un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de tales patologías’, tal como lo dispuso la CSJN en el Cons. 17 punto IX del fallo de 8/7/2008″ se explica en el informe.

Al no haberse indagado profundamente en la vinculación entre las enfermedades y las fuentes de contaminación, “no se generó un diagnóstico que pueda indicar cuál es el grado de incidencia de éstas, ni la población más expuesta”, lamentaron las organizaciones.

Información pública de ACUMAR

El informe prosigue: “La CSJN estableció una serie de medidas dirigidas a que el Estado produzca y difunda información, las que están orientadas a expandir la participación ciudadana. En tal sentido, obligó a ACUMAR a adoptar un sistema de información pública que presente datos actualizados y detallados de manera concentrada, clara y accesible para el público en general. El portal web de ACUMAR es el principal canal de acceso a la información pública sobre sus acciones, obligaciones y avances. Sin embargo, la información necesaria para que el público pueda realizar un control de la gestión no se encuentra disponible ni es actualizada”.

Un relevamiento realizado por las organizaciones ambientalistas constató que de 424 links en www.acumar.gov.ar, 108 no funcionan y la mayoría de la información adjunta no está actualizada desde el año 2014.

El canal de acceso a la información pública no permite acceder a la información porque ACUMAR no actualiza el sitio web.
Imagen extraída del Informe “9 años del fallo de la Corte”.
“La gestión de la Cuenca Matanza Riachuelo se encuentra en una situación de incertidumbre y sin rumbo”.

Ordenamiento territorial

“No es posible llevar a cabo una gestión exitosa de saneamiento de la cuenca sin una política de Ordenamiento Territorial (OT) centrada en los derechos colectivos de la población”, coinciden las instituciones. Y en el texto, señalan: “Las principales fallas que presenta el actual modelo de gestión de la ACUMAR no sólo se deben a una limitación en sus capacidades institucionales, sino también a la falta de una perspectiva estratégica, que incorpore además un enfoque de derechos humanos. Una mirada que permita identificar y priorizar acciones capaces de modificar estructuralmente los procesos de desarrollo territorial de la cuenca, dotándolos de integralidad, equidad y sostenibilidad”.

“La gestión de la Cuenca Matanza Riachuelo se encuentra en una situación de incertidumbre y sin rumbo. Todos los aspectos reseñados por el Cuerpo Colegiado muestran falencias estructurales a las cuales se suma un continuo escenario de inestabilidad en materia de conducción institucional”, subraya Andrés Nápoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

 

1 COMENTARIO

  1. Como se resaltó en anteriores oportunidades, no es posible llevar a cabo una gestión exitosa de saneamiento de la cuenca sin una política de Ordenamiento Territorial (OT) centrada en los derechos colectivos de la población .

    La ocupación ilegítima del espacio público, particularmente cuando se hace con propósitos simplemente comerciales, es una clara violación de estos derechos que en el caso de la Avenida Pedro de Mendoza se comete con la complacencia de las autoridades que tienen la obligación de impedirlo.

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