Luego de un proceso de negociación de seis años, 24 países, incluyendo Argentina, adoptaron el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como LAC P10.
El acuerdo es el primer tratado legalmente vinculante en derechos ambientales de América Latina, diseñado para proteger a los defensores del medio ambiente, mejorar el acceso a la información ambiental, ampliar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y más. Once estados tendrán que ratificarlo para su entrada en vigor.
Su sanción requerirá que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10, el principio de democracia ambiental incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La iniciativa fue apoyada por la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y será clave para la protección de los líderes ambientales.
“Los países y los grupos de la sociedad civil en América Latina y el Caribe han tomado una posición histórica para salvaguardar la columna vertebral de la protección del medio ambiente: las personas. La violencia contra los defensores del medio ambiente va en aumento, y América Latina es la región más peligrosa del mundo para ellos”, sostuvo Carole Excell, directora de Democracia Ambiental del World Resources Institute.
La región es una de las más mortíferas para los activistas ambientales, de acuerdo a las últimas estadísticas. 197 defensores fueron asesinados en 2017, 60% de ellos en América Latina y el Caribe. Uno de los casos más representativos ha sido el de Berta Cáceres, ecologista de Honduras asesinada en 2016.
Según el texto final aprobado, el objetivo del acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible†(artículo 1).
Además, señala en su artículo 9 que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridadâ€.
También se establece la creación de una Conferencia de las Partes (artículo 15), que será convocada por la CEPAL a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente acuerdo y se celebrarán reuniones ordinarias a intervalos regulares, según lo que decida la Conferencia.
El acuerdo estará abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe (33 naciones) en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020, y estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado.
“Con este acuerdo, América Latina y el Caribe atestigua su firme e inequívoco compromiso con un principio democrático fundacional: el derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entornoâ€, señaló Alicia Barcená, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.