De acuerdo a las Naciones Unidas, América Latina es el continente con mayor biodiversidad del planeta, lo que le permite tener ecosistemas con gran capacidad y habilidad para coevolucionar con un cambiante medio ambiente debido a la acción antrópica.
La responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos de elaborar e implementar políticas ambientales a fines de proteger recursos estratégicos (glaciares, bosques, entre otros) se hace cada vez más necesaria. El desarrollismo exacerbado que viven muchos países latinoamericanos subraya los límites de esta llamada ”década ganada”.
Argentina es un país caracterizado por tener una gran variedad de ecosistemas, climas y recursos naturales. El uso de ciertos recursos, cuyos precios internacionales son altos, favorece al aumento de inversiones en las industrias extractivas. No obstante, pese a la creación de puestos de trabajo y el desarrollo de economías locales, estas actividades productivas tuvieron sus repercusiones no solamente en el nivel eco-sistémico (con alteraciones ecológicas como la pérdida de biodiversidad), sino también a nivel social (grupos indígenas expulsados de sus tierras y perjuicios a la salud en pueblos cercanos a actividades contaminantes). Por ello, una política ambiental es de relevancia para una buena regulación no solamente de las actividades económicas sino también para la calidad de vida de las poblaciones.
Existen políticas que buscan que se perfile a la Argentina como un país que respeta al medio ambiente: por ejemplo, Argentina tiene el parque fotovoltaico más grande de América Latina en la provincia de San Juan y posee también el parque eólico más grande del continente en la provincia de Chubut. Â Ambos ejemplos demuestran un intento de liderazgo dentro de una región que se encuentra en vías de desarrollo.
En contrapartida, hubo dos grandes leyes que generaron conflictos políticos en Argentina: la Ley de Bosques (sancionada en el 2007) y la Ley de Glaciares (sancionada en el 2010). Ambas leyes regulan industrias estratégicas para muchas provincias (en el primer caso, la industria maderera y las fronteras de producción agrícola y en el segundo, la minería) mediante la protección de ciertos recursos claves como los bosques nativos y los glaciares. Ambos ofrecen servicios ambientales (regulación de la temperatura ambiental, regulador hídrico, entre otros) y era menester protegerlos frente al despilfarro existente.
La problemática en la actualidad reside en la implementación de estas leyes. La primera ley fue reglamentada a nivel nacional en el 2009, y la segunda en el 2011. Ambas registran un atraso en su reglamentación pese a su naturaleza prioritaria, subrayando conflictos de intereses socio-económicos. Siguen presentando atrasos y defectos en la implementación: las provincias del Norte no reciben los recursos del Fondo para la Conservación de los Bosques Nativos (uno de los pilares para frenar la deforestación) y no se ha terminado aún el inventario de los glaciares, base fundamental de la Ley de Glaciares. Mientras tanto, sigue la deforestación y los glaciares no se encuentran protegidos.
¿Por qué ocurre esto? Porque no existe una política de Estado ambiental. En un primer punto, no existe un Ministerio de Medio Ambiente sino una Secretaría de Medio Ambiente (dependiente de la Jefatura de Gabinete) quitándole un gran peso político. En un segundo punto, no existe un entramado institucional (burocracias nacional y provinciales, por ejemplo) que permitan una coordinación eficiente de los recursos y una mejor implementación de las leyes ambientales. Finalmente, no parece haber una voluntad política de poner las problemáticas ambientales entre las prioridades gubernamentales, destinando pocos recursos (como en el caso de la Ley de Bosques). Por ende, se puede decir que Argentina tiene iniciativas aisladas muy interesantes pero que terminan perdiendo peso y relevancia ya que no se encuentran dentro de un marco institucional adecuado. Una política ambiental de largo-plazo está aún en espera.
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