@franciscasantibanezl
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Considero que el informe sobre las Contribuciones Determinadas por Chile (Intented Nationally Determined Contribution-INDC) reflejan un modo de atención a las necesidades del cambio climático del que se puede inferir un auténtico compromiso a nivel país.
Se reconoce la premura proponiendo un acuerdo de reducción cuantificado del Indicador de intensidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030, basándose en análisis sectoriales y escenarios de mitigación. Conjuntamente, se declara una aspiración a reducir la pobreza y disminuir la inequidad, toda vez que se propone un desarrollo sustentable, competitivo, inclusivo y resiliente, posicionando como meta, disminuir la relación directa entre crecimiento económico y crecimiento de emisiones GEI.Sin embargo, se observa una debilidad crítica en materia de financiamiento. La meta está supedita al crecimiento económico promediado a futuro, que no considera variables propias del modelo económico y del período histórico al que nos enfrentamos.
Chile edifica su compromiso en un ejercicio económico fundamentalmente extractivo, representando, por ejemplo, la exportación del commodity cobre (metal finito, cuya calidad-precio ha disminuido proporcionalmente en el tiempo), su principal aporte al arca fiscal.
De esta manera, siendo vulnerables al mercado los precios de nuestras exportaciones, es razonable considerar que la tendiente alza de la macro-economía se estabilice o bien, decrezca; ya fuera por agotamiento o extinción de los recursos naturales depredados; obsolescencia del recurso a los requerimientos del mercado internacional; o variaciones en el clima que impidieran su extracción como se prevé en la productividad de generación hidroeléctrica a mediano plazo.
Actualmente, no existe una política pública en práctica, orientada a la amortiguación del descenso de este ingreso ni alternativa de innovación tecnológica alguna, que pudieran surtir el cese de dichos aportes a la economía.
Asimismo, reconocer que Chile concentra la acumulación de utilidades macro en el 1% de la población nacional, invita a emplazar al gobierno en materia tributaria.
Siendo metas compuestas del INDC, erradicación de la pobreza y disminución de la inequidad (recordemos que Chile lidera la tabla de desigualdad en la región en relación a su crecimiento económico constante), cuestionar el aporte de la clase empresarial es fundamental.
En esta materia, los representantes del Ejecutivo y Legislativo han tenido un desempeño sostenidamente incompetente. Se ha consolidado un diseño jurídico-administrativo que estimula la inversión del gremio empresarial sin la actualización de un instrumento tributario ni órgano fiscalizador que asegure la distribución de la riqueza generada a expensas de la acaparación de los recursos y del devastamiento progresivo de las condiciones ecosistémicas de la naturaleza en su conjunto.
En consecuencia, es posible denunciar que: el incentivo a la inversión en ERNC citado en el documento, se ha convertido en un artificio para vender certificados en ERNC a mega proyectos que no calificaban como viables por el Servicio de Calificación Ambiental chileno y, en ningún caso, ha implicado un estímulo para la modificación de la matriz energética que sigue presentando proyectos de generación hidroeléctrica para la sostenibilidad de consumo industrial;
al no modificar el “Código de aguas” en lo estructural, persiste la preponderancia al uso de agua dulce para el tratamiento de los procesos industriales, minero, agrícola-ganadero, etcétera, tanto como para la generación de energía hidroeléctrica, sobre la implementación de matrices en ERNC;
que el Impuesto a las emisiones de CO2 aprobado por la Reforma Tributaria, Ley 20.780 puesta en vigencia desde 2017, es insignificante en comparación a las utilidades reportadas por las industrias que más emisiones GEI generan y que, en consecuencia, prefieren pagarlas a invertir en técnicas efectivas de mitigación;
los recursos destinados a Corporación Nacional Forestal (CONAF), principal órgano encargado de evaluar el cumplimento de los compromisos en el sector UTCUTS, ha sido reducido progresivamente en el presupuesto anual, y que la implementación de la “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (N°20.283), que otorgaría bonificación a actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o protección de bosques nativos, descansa a la sombra del DFL 701.
El instrumento ha subsidiado la industria maderera con la bonificación de hasta 75% por plantaciones de pino y eucalypto, cuyos principales beneficiarios son dos grupos económicos que en su conjunto suman más del 75% de exportaciones sólo en celulosa cruda (al año 2014). En lo referido a la retribución de la inversión a la ciudadanía esperada, el impacto de empleo en la zona es negativo, pues coincide con sectores donde se focaliza el 20% de pobreza país y altas cifras de desempleo. Asimismo, de acuerdo a estudios realizados por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, los principales impactos sobre el suelo han sido la compactación, remoción, erosión y agotamiento de nutrientes; igualmente cabe destacar que ambas especies poseen expectativas de consumo hídrico muy superior a lo requerido por el bosque nativo y que gran parte de estas plantaciones están distribuidas en territorio usurpado a comunidades indígenas que siguen en disputa por su recuperación.En síntesis, pese a la imagen país proyectada por los gobiernos de Chile al exterior, basada en la confianza de la estabilidad democrática y económica que ufana, la propuesta es poco ambiciosa e incapaz de implementar cambios basados en una política climática.
Se evidencia que pese al desarrollo de iniciativas independientes al cúmulo estatal, provenientes de diversos sectores del academicismo, la sociedad civil y comunidades organizadas para aportar en la discusión en torno a la adaptación y mitigación por el cambio climático, la respuesta gubernamental ha desechado los canales de comunicación efectivos y vinculantes para la creación de una propuesta conjunta entre sociedad y administradores de la nación.
Por tanto, el esfuerzo, insulso, no está a la altura de las necesidades de la población, de la urgencia climática ni económica de mediano y largo plazo.
Considero que la cobertura del cambio climático en Chile, en relación al tenor de la problemática por número de habitantes, es escasa, tendiente al crecimiento.
Si bien, es habitual que las principales ciudades contengan medios informativos en diversas modalidades: escrita, online, radial-local, cápsulas audiovisuales, etcétera; estas, no son capaces de captar la atención de la mayoría de los residentes, quienes se informan por medios tradicionales de comunicación que no cubren con frecuencia ni rigurosidad el tema en cuestión.
Por otra parte, es importante tener presente que los asuntos del cambio climático, discurren en círculos exclusivos de discusión; volviéndose una temática vanguardista a la que acceden mayoritariamente: representantes de conglomerados económicos, miembros de la clase política, científicas/os, jóvenes profesionales interesadas/os en la materia, grupos indígenas, miembros de la sociedad civil organizados en territorios de resistencia; derivando así, en la exclusión de las clases sociales más vulnerables a las consecuencias previstas.
De esta forma, se instaura como desafío cautivar público ajeno al concepto, para participar de una colectividad que discuta medidas fundacionales de nuevas vías de participación cívica en torno al cambio climático.
En lo referido a las temáticas abordadas, cabe destacar que existen al menos dos líneas editoriales distinguibles. La de los medios de prensa oficial que, a grandes rasgos, distribuyen notas periodísticas expositivas sobre cambio climático a nivel global, esfuerzos y compromisos políticos adquiridos a nivel internacional, y cierto énfasis sobre iniciativas corporativas de índole publicitario con “sello verde”.
Por su parte, los medios independientes, cubren problemáticas de orden territorial. Vale destacar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), reconoce 116 conflictos socio-ambientales a lo largo de todo el país, siendo abordados por la prensa, mediante el desglose integrado de las consecuencias irreversibles y esclareciendo la necesidad de resarcimiento en zonas de sacrificio; en tanto, se denuncia la amenaza de intervención de nuevos proyectos extractivistas a ejecutar en ecosistemas resguardados por sus habitantes, cuyos propios estudios de impacto ambiental advierten, en promedio, menos beneficios y más desventajas para las comunidades que las aprobadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, órgano dependiente del Estado).
Cabe exponer que el 42% de dichos conflictos (de acuerdo al INDH), deriva en la afectación de la población para acceder al agua dulce. En consecuencia, otra temática recurrente, gira en torno a la necesidad de modificar el “Código de Aguas”, instrumento legislativo de su ordenamiento y distribución. En él se edifica el principio que permite la privatización de los derechos de agua, que en la práctica, favorece la concentración del recurso a nivel industrial en desmedro de los requerimientos básicos de la sociedad civil.
Finalmente, es justo reconocer que ambas líneas editoriales cubren iniciativas locales de menor escala como contribuciones a la mitigación del cambio climático, pero con cierta deficiencia. En el caso de los medios oficiales, no se esclarece que el cambio a la matriz energética y ciertas modificaciones a la legislación vigente, son vitales para impulsar medidas de modificación a escala productiva y de consumo nacional, generando en la población la ilusión de que la responsabilidad recae básicamente en hábitos y esfuerzos individuales.
En el caso de los medios de prensa independiente, hay una tendencia alarmista en el abordaje de la materia, resultante de una política de estado que invisibiliza y posteriormente, criminaliza la voz de los territorios organizados por la protección de la naturaleza y el derecho a la vida.De la exposición de Inés Camilloni, científica, miembro del Panel Intergubernamental de Expertas/os sobre el Cambio Climático (IPCC), destaco la precisión técnica con que enfatiza sobre la autenticidad, magnitud de la problemática e importancia de implementar medidas de mitigación de forma inmediata.
Existe abundante evidencia científica para afirmar (con 97% de consenso), que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de origen antropogénico tienen relación directa con variaciones observadas en el comportamiento del clima comparado con décadas anteriores.En la misma línea, revelar el desbalance argumentativo entre las opiniones vertidas que desestiman o relativizan la premura del cambio climático y la comunidad científica internacional, resulta vital para constatar que este tipo de declaraciones estimulan la tendiente desinformación, entorpeciendo acciones y esfuerzos atendidos, tanto, por comunidades locales como por la propia institucionalidad pública.
Camilloni describe una relación entre inequidad social en la región y modelo de consumo, en específico, referiéndose al 23% de emisiones aportadas por el sector agrícola-ganadero, cuyo costo de producción es de alto impacto ambiental y su distribución ineficiente. La científica ejemplifica, indicando que el 30% de los alimentos industriales son descartados aun estando en óptimas condiciones para el consumo humano. Por consiguiente, se puede interpretar como un incentivo a tomar conciencia respecto de nuestros patrones de compra, comenzando por la escala alimenticia.Una manifestación del cambio climático en Chile se evidencia mediante el proceso acelerado de desertificación. Esto en parte, a consecuencia de la sequía agudizada por la modificación del uso de los suelos dada la imperante presencia numérica y espacial de mineras distribuidas mayoritariamente entre el norte y centro del país, y de la potente presencia de la agroindustria cómodamente distribuida desde el centro al sur.
Una desfavorable legislación a la protección de reservas de agua dulce, ha conducido a la extracción indiscriminada de aguas subterráneas e incluso de glaciares, para la formación de tranques de relave, aun en zonas donde su escasez amenaza la subsistencia de comunidades locales (el desierto de Chile, por ejemplo) convirtiendo el valioso recurso en el escalafón primordial del método productivo para la explotación de los minerales.
Amparada en el mismo principio legislativo, la infraestructura minera se provee de su destacada demanda energética, mediante centrales termo e hidroeléctricas, de diverso impacto eco-sistémico, ubicadas principalmente en la zona sur del país.
Finalmente, la expulsión de relaves y otros desechos desembocados en el mar, la ausencia de protocolos para la mitigación de estos, sumada a la contaminación atmosférica por conceptos de fundición y transporte, podrían resumir someramente la contribución de la minería a la alteración de los suelos en territorio afectado por la disminución exponencial de las precipitaciones observada en la última década.
Por su parte, la agro-industria modifica el uso de los suelos en atención a los requerimientos de riego de monocultivos frutales, en su mayoría especies introducidas, especialmente a partir de la cuarta región de Coquimbo.
Dentro de las consecuencias de mediano plazo, se evidenció la alteración en la presión y caudal de agua para los riegos de huertas (eslabón fundamental en la canasta familiar local) afectándose también la humedad ambiente dada la introducción de represas y/o estanques creados para la distribución de agua potable y de los sistemas de regadío.De igual manera, el silencioso pero sostenido crecimiento de la industria forestal implica una amenaza permanente al bosque nativo, pues es reemplazado por el bosque plantado (pino oregón y eucalipto, básicamente) implicando entre otros riesgos, la proliferación de focos de incendio en época estival.
En este contexto territorial, la agudización de la sequía se revela mediante un aumento en la temperatura desde el Desierto al Bosque Austral y desde la Cordillera de los Andres hacia el Oceáno Pacífico.En lo referido al alza del nivel medio del mar, alrededor de 6400 kilómetros de borde costero se vería amenazado, especialmente, aquel ubicado en territorio insular y la zonas de archipiélago continental. Se destaca entre otras, la intrusión de agua salada en ecosistemas complejos y escasos como los humedales, que constituyen un valioso aporte a la protección de la biodiversidad.
En resumen, se evidencia la necesidad de invertir en infraestructura que asegure la explotación del extractivismo minero de manera responsable, sustituyendo el consumo de agua dulce por agua desalinizada; utilizando energía sostenible que no dependa de la manipulación de agua dulce; y generando planes de mitigación de residuos de manera eficiente. A propósito de la agro-industria, alternar las necesidades del mercado con alternativas agro-ecológicas prometen ser una vía interesante de explorar. Luego, se hace urgente la modificación a una legislación eficiente en materia de protección del medioambiente. Este último ítem, debe liderar la discusión.
