Argentina: Un país sin política ambiental

Organizaciones ambientalistas muestran preocupación por la falta de una política de largo plazo para la protección del medio ambiente argentino. Los desmontes ilegales continúan a pesar de la vigencia de la Ley de Bosques y todavía no se realizó el inventario de los glaciares.

Argentina es un país lleno de riquezas naturales en todos sus rincones. Desde las Cataratas del Iguazú hasta los glaciares patagónicos se multiplican los atractivos naturales que cotidianamente son apreciados por millones de personas. Sin embargo, el impulso productivo de algunos sectores económicos hace que sea necesario darle una protección a todos los temas que involucren al medio ambiente. Bosques, glaciares, residuos, energía y flora y fauna son sólo algunos de los puntos que deben ser regulados.

Pero, como muchas otras cosas, la protección y legislación necesaria se han vuelto una utopía. Especialistas de diversas organizaciones medioambientales coinciden en que Argentina no posee una política ambiental y está lejos de implementarla. Si bien las leyes están y son muy buenas, intereses económicos hacen que no se cumplan.

“Argentina no posee una política clara en relación al medio ambiente. Nunca se trazó para todo el país y sus diferentes regiones una línea de trabajo integrada que aborde los principales aspectos como bosques, residuos, glaciares y áreas protegidas. Falta voluntad política ya que hay mucho desinterés de parte del gobierno en relación a estos temas”, sostiene Carina Quispe, directora política de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Un informe de dicha organización publicado recientemente revela que Argentina no está preparada para enfrentar los desafíos que significa el cambio climático o al menos minimizar el impacto que sufrirá. En el mismo se hace referencia a las dos grandes controversias que ha habido en el último tiempo que distan de cumplirse al 100%: Ley de Bosques y Ley de Glaciares.

Desmontes sin freno

Argentina se encuentra en emergencia forestal. Ya se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entres 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.576 hectáreas, lo que equivale a más de 250.00 hectáreas por año.

Ante esta situación, el diputado Miguel Bonasso presentó en junio de 2006 el proyecto de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. En marzo de 2007 fue aprobado y pasó a la Cámara de Senadores, donde fue girado a 6 comisiones. El 21 de noviembre de ese mismo año fue tratado y aprobado. Sin embargo, recién en febrero de 2009 el Poder Ejecutivo reglamentó la ley.

“La ley agregó mayores restricciones a la hora de pedir un desmonte como hacer un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Se dejaron de entregar los permisos hasta que cada provincia hiciera su ordenamiento”, describe Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.

La Secretaría de Ambiente acordó días atrás con las provincias la distribución de los fondos para controlar los desmontes pero el dinero asignado es mucho menor a la cantidad que se fijó inicialmente en la norma. Incluso parte de los recursos que iban a ser destinados a esta normativa fueron desviados al programa Fútbol Para Todos.

“Las provincias se han escudado en argumentaciones locales para no hacer el inventario de sus bosques nativos. Es una ley burlada por todos los costados. Los desmontes ilegales continúan y avanzan todos los días. No hay control suficiente y es responsabilidad del Estado por no haber distribuido los fondos que correspondían. Están dilapidando el recurso”, opina Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados.

Glaciares sin protección

Con la mayoría de los glaciares argentinos en retroceso, el 30 de septiembre de 2010 la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El proyecto de ley original de Bonasso había sido vetado por la Presidenta en el 2008 pero dos años después fue replanteado, reformulado con colaboración de Daniel Filmus y aprobado.

El informe de FARN revela que hubo demoras en la reglamentación de la norma y recién en marzo el Estado dispuso que el Conicet inicie el relevamiento de las zonas de glaciares y periglaciares. Sin embargo el mismo todavía no comenzó y seguramente quede para el año próximo ya que durante el invierno no se puede realizar. Además, tampoco se definieron las zonas prioritarias donde hay actividades humanas que pueden estar afectando los glaciares ni se comenzó con las auditorias.

“Si bien la ley es muy buena nos encontramos con un Poder Ejecutivo que la reglamentó parcialmente. La ley establecía que las auditorias debían realizarse en 180 días y las mismas todavía no comenzaron. En relación al inventario, todavía no hubo una señal de la Secretaría de Ambiente al Instituto de Glaciología para marcar cuando y por donde empezar”, expresa Quispe.

No difundidas pero sin aplicación

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y FARN remarcan que hay otros obstáculos en el cumplimiento de normas. Leyes como la de residuos industriales, la de gestión de aguas y la de quema de pastizales todavía no han sido reglamentadas. Además, falta crear áreas protegidas para preservar la diversidad de especies y ecosistemas y fortalecer las existentes.

“Hay ausencia de políticas medioambientales que traten todos los problemas actuales. Lo único que se hace es emparchar y así no se puede avanzar de ninguna forma. El problema no son las leyes en sí sino su cumplimiento. En muchos casos faltaban pero una vez que aparecieron hay una imposibilidad para aplicarlas. La autoridad de aplicación en cada caso no hace ejercicio de su autoridad y la gente no aplica la ley porque nadie los controla”, concluye Aguilar.