Debate del Módulo 2: Políticas y Negociaciones del Cambio Climático

Hola, buenas noches, estoy tratando de ponerme al día.
para comentarles, en Guatemala estamos estudiando la dinámica que se ha tenido en la cobertura forestal, ya que se ha determinado que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es los cambios de uso de la tierra. en ese sentido, es el avance de la frontera agrícola y ganadería. el estado se encuentra consolidando una estrategia de reducción de emisiones caudas por deforestacion y degradacion de los bosques (REDD+), se ha determinado que según los informes de de NDC, estamos siguiendo la ruta del peor de los escenarios, como si no se estuviera realizando ningún esfuerzo por intentar mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1.5 grados. Esto, a pesar de el desarrollo de acciones tempranas: reforestacion, proteccion, incentivos forestales, otros. sin embargo, aun se puede rectificar este camino…

Ciertamente, revisando y analizando documentos, nos encontramos con que quizás las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen con el cambio climático, en este caso por parte de Venezuela, no son radicalmente devastadoras para el planeta, como si lo son las similares de los países industrializados, aunque eso no quiere decir que no afecten, pero apenas representan un 0,49% de las emisiones globales tomando las cifras del informe de Contribución Nacional Determinada emitido por la República Bolivariana de Venezuela en el año 2017.

El escenario que se puede analizar está en dos ambientes, uno el teórico, en el que Venezuela tiene una maravillosa herramienta, repito en lo teórico, que es el Plan de desarrollo Económico y Social de la Nación, mejor conocido como Plan de la Patria, que contiene todas las orientaciones y líneas de trabajo para lograr un desarrollo armónico, sostenible, equilibrado, respetuoso, que marca con autodeterminación el cómo Venezuela puede avanzar en el desarrollo del país, minimizando el daño o la afectación que tiene para terceros, en estos terceros está el planeta. Desde esta óptica el panorama se ve favorable, alentador y hasta muy optimista a la hora de evaluar lo que sucede, pero resulta que el segundo aspecto o perspectiva desde donde se evalúa el contexto, es esencialmente el escenario real o la praxis, la ejecución de toda esa teoría que lamentablemente está plagada de retórica politiquera y de demagogia absurda que no suma absolutamente ningún esfuerzo real para mejorar el asunto.

Particularmente vengo de un organismo oficial, a saber, el ente rector en materia ambiental de mi país, específicamente mis últimos dos años los ejercí como técnico ambiental en el departamento de Residuos y Desechos Sólidos, donde se encuentra adscrita la unidad de Calidad Ambiental, en cuya dependencia recae la responsabilidad de ejecutar los diferentes planes, programas y proyectos relacionados con el tema que tratamos, es decir, las mediciones periódicas de emisiones a la atmósfera de fuentes móviles o fijas y otras tantas actividades que, analizando los dos escenarios planteados al inicio, en teoría servirían para tener una base de datos que nos muestre la situación real actual y en consecuencia tomar acciones de Estado para frenar los efectos y lograr con ello mejorar, o la práctica, que sólo se utilizan para ganar «likes» en redes sociales, hacer fotografías, redactar uno que otro informe en donde no se manejan cifras reales, situaciones reales ni mucho menos se planifica para que todo ese esfuerzo tenga un resultado aprovechable para el planeta.

El estado donde resido es Nueva Esparta, única entidad insular de mi país, realmente acá no es un estado en donde la actividad industrial predomine, sin embargo actividades como el desarrollo turístico causa una gran incidencia dada la alta generación de desechos sólidos por ejemplo. Hablando por la experiencia de Nueva Esparta y recordando algunos planes específicos que en su teoría son sensacionales pero que en la práctica quizás no han dado el resultado esperado, tenemos que precisamente como compromiso de la República Bolivariana de Venezuela, ante las adversidades del Cambio Climático, nació la Misión Árbol, cuya misión fundamental era la repoblación de los bosques con especies forestales, para generar mayor cantidad de oxígeno, ayudar a la protección de las cuencas, la formación de agua y tantas otras cosas, sin embargo, no existen cifras oficiales que demuestren su efectividad real, los resultados de tamaña inversión, la relación costo/resultado no tiene posibilidad de medirse y por ende, el resultado final que se esperaba, tampoco tiene posibilidad de medirse, sobre todo cuando la cobija política arropó este intento de ayudar al planeta, para darle un giro, con el relanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para destinar toda la producción de los viveros institucionales operados por esta Misión, al ornato de urbanismos y avenidas.

Realmente considero que el mayor reto que actualmente existe, y no hablo solamente de Venezuela sino del planeta entero, es generar un cambio de comportamiento real y general, no sólo de su población sino de su sistema de industrias, empresas y ciudadanía en general, resuena aquella frase, hecha luego argumento político, de la COP 15 realizada en Dinamarca, específicamente en Copenhague, en el año 2009. «No cambiemos el clima ¡Cambiemos el sistema! Y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta…» expresada por el entonces Presidente Hugo Chávez (+), como argumento teórico es sumamente válida, pero no dirigida solamente al sistema de gobierno, al sistema de consumo, creo que la orientación de la frase debería estar dirigida al sistema en general, al compromiso real por frenar las emisiones y luchar con el daño que hasta ahora está hecho.

Pongo un ejemplo, precisamente basados en un artículo que leí en la página Claves21.com.ar en donde precisamente es Venezuela el primer país del mundo en perder sus glaciares, acá podríamos hablar de las incongruencias, apenas el 4 emisor de América del Sur y uno de los emisores menos influyentes a escala global, resultaría el primer gran afectado con la extinción de sus glaciares, esa analogía de las 5 águilas blancas de las cumbres andinas que los representan esos picos siempre nevados, ya no estarían y en consecuencia de ello ¿Qué estamos haciendo realmente?

Mucho trabajo por hacer nos queda y los comunicadores sociales en ese aspecto considero que tenemos una tarea titánica, no para llevar el mensaje, la gente sabe que el cambio climático es una realidad, la gente lo siente, siente el calor o el frío, la gente sufre las inundaciones o los largos períodos de sequía, la gente está afectada por la falta de producción agrícola y en nuestro caso Venezuela la cosa es más complicada, pues debemos luchar con la realidad política-social en donde nuestra prioridad es buscar el alimento que llevo a casa.

La sobre explotación de los hidrocarburos de origen fósiles y la creciente afectación de nuestras ABRAES para la explotación forestal o minera es otra gran realidad, pero aún contra viento y marea (Dicho popular de nuestra venezolanidad), debemos avanzar y hacer los aportes necesarios para contrarrestar loes efectos de cambio climático.

Contribución Prevista Determinada a Nivel Nacional Colombia:
Según el documento el compromiso de mi país es total por aportar en la disminución del cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Según una tabla de un estudio en el año 2010, las emisiones eran mayores por cultivos, ganadería etc, que por actividades extractivas, lo que me hace preguntarme, cuánto habrán cambiado, teniendo en cuenta que durante el Gobierno de Santos se promovió la locomotora minero energética que se convirtió y convierte aún más con Duque en el poder, en formas de gran impacto socio ambiental y hasta de desplazamiento. Además, que de por sí, Colombia sufre un fuerte impacto por deforestación, monocultivos y ganadería extensiva, pero todo generado desde grandes empresas y nuestros mandatarios.

Considero que el informe sobre las Contribuciones Determinadas por Chile (Intented Nationally Determined Contribution-INDC) reflejan un modo de atención a las necesidades del cambio climático del que se puede inferir un auténtico compromiso a nivel país.
Se reconoce la premura proponiendo un acuerdo de reducción cuantificado del Indicador de intensidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030, basándose en análisis sectoriales y escenarios de mitigación. Conjuntamente, se declara una aspiración a reducir la pobreza y disminuir la inequidad, toda vez que se propone un desarrollo sustentable, competitivo, inclusivo y resiliente, posicionando como meta, disminuir la relación directa entre crecimiento económico y crecimiento de emisiones GEI.

Sin embargo, se observa una debilidad crítica en materia de financiamiento. La meta está supedita al crecimiento económico promediado a futuro, que no considera variables propias del modelo económico y del período histórico al que nos enfrentamos.

Chile edifica su compromiso en un ejercicio económico fundamentalmente extractivo, representando, por ejemplo, la exportación del commodity cobre (metal finito, cuya calidad-precio ha disminuido proporcionalmente en el tiempo), su principal aporte al arca fiscal.

De esta manera, siendo vulnerables al mercado los precios de nuestras exportaciones, es razonable considerar que la tendiente alza de la macro-economía se estabilice o bien, decrezca; ya fuera por agotamiento o extinción de los recursos naturales depredados; obsolescencia del recurso a los requerimientos del mercado internacional; o variaciones en el clima que impidieran su extracción como se prevé en la productividad de generación hidroeléctrica a mediano plazo.

Actualmente, no existe una política pública en práctica, orientada a la amortiguación del descenso de este ingreso ni alternativa de innovación tecnológica alguna, que pudieran surtir el cese de dichos aportes a la economía.

Asimismo, reconocer que Chile concentra la acumulación de utilidades macro en el 1% de la población nacional, invita a emplazar al gobierno en materia tributaria.

Siendo metas compuestas del INDC, erradicación de la pobreza y disminución de la inequidad (recordemos que Chile lidera la tabla de desigualdad en la región en relación a su crecimiento económico constante), cuestionar el aporte de la clase empresarial es fundamental.

En esta materia, los representantes del Ejecutivo y Legislativo han tenido un desempeño sostenidamente incompetente. Se ha consolidado un diseño jurídico-administrativo que estimula la inversión del gremio empresarial sin la actualización de un instrumento tributario ni órgano fiscalizador que asegure la distribución de la riqueza generada a expensas de la acaparación de los recursos y del devastamiento progresivo de las condiciones ecosistémicas de la naturaleza en su conjunto.

En consecuencia, es posible denunciar que: el incentivo a la inversión en ERNC citado en el documento, se ha convertido en un artificio para vender certificados en ERNC a mega proyectos que no calificaban como viables por el Servicio de Calificación Ambiental chileno y, en ningún caso, ha implicado un estímulo para la modificación de la matriz energética que sigue presentando proyectos de generación hidroeléctrica para la sostenibilidad de consumo industrial;
al no modificar el “Código de aguas” en lo estructural, persiste la preponderancia al uso de agua dulce para el tratamiento de los procesos industriales, minero, agrícola-ganadero, etcétera, tanto como para la generación de energía hidroeléctrica, sobre la implementación de matrices en ERNC;
que el Impuesto a las emisiones de CO2 aprobado por la Reforma Tributaria, Ley 20.780 puesta en vigencia desde 2017, es insignificante en comparación a las utilidades reportadas por las industrias que más emisiones GEI generan y que, en consecuencia, prefieren pagarlas a invertir en técnicas efectivas de mitigación;
los recursos destinados a Corporación Nacional Forestal (CONAF), principal órgano encargado de evaluar el cumplimento de los compromisos en el sector UTCUTS, ha sido reducido progresivamente en el presupuesto anual, y que la implementación de la “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (N°20.283), que otorgaría bonificación a actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o protección de bosques nativos, descansa a la sombra del DFL 701.
El instrumento ha subsidiado la industria maderera con la bonificación de hasta 75% por plantaciones de pino y eucalypto, cuyos principales beneficiarios son dos grupos económicos que en su conjunto suman más del 75% de exportaciones sólo en celulosa cruda (al año 2014). En lo referido a la retribución de la inversión a la ciudadanía esperada, el impacto de empleo en la zona es negativo, pues coincide con sectores donde se focaliza el 20% de pobreza país y altas cifras de desempleo. Asimismo, de acuerdo a estudios realizados por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, los principales impactos sobre el suelo han sido la compactación, remoción, erosión y agotamiento de nutrientes; igualmente cabe destacar que ambas especies poseen expectativas de consumo hídrico muy superior a lo requerido por el bosque nativo y que gran parte de estas plantaciones están distribuidas en territorio usurpado a comunidades indígenas que siguen en disputa por su recuperación.

En síntesis, pese a la imagen país proyectada por los gobiernos de Chile al exterior, basada en la confianza de la estabilidad democrática y económica que ufana, la propuesta es poco ambiciosa e incapaz de implementar cambios basados en una política climática.

Se evidencia que pese al desarrollo de iniciativas independientes al cúmulo estatal, provenientes de diversos sectores del academicismo, la sociedad civil y comunidades organizadas para aportar en la discusión en torno a la adaptación y mitigación por el cambio climático, la respuesta gubernamental ha desechado los canales de comunicación efectivos y vinculantes para la creación de una propuesta conjunta entre sociedad y administradores de la nación.

Por tanto, el esfuerzo, insulso, no está a la altura de las necesidades de la población, de la urgencia climática ni económica de mediano y largo plazo.